El derecho a la salud y al aborto. El punto ciego
Abstract
En nuestro país existe consenso respecto a la ilegitimidad y sanción
que merecen la tortura y los tratos inhumanos, crueles y degradantes,
reflejada en el tipo penal de apremios ilegales. Sin embargo, cuando estas
acciones son realizadas por miembros de equipos de servicios de salud en
relación con las mujeres que abortan y llegan a solicitar ayuda frente a las
complicaciones que provoca la clandestinidad de la práctica, la violencia en
la cual el Estado incurre es completamente invisibilizada. La penalización
del aborto, la interpretación de una regla procesal que estipula la obligación
de los funcionarios públicos de denunciar los delitos que conocieran
en ejercicio de sus funciones, y el hecho de que estos actos lleguen a la justicia
como parte de los expedientes de aborto propio sin ser investigados
ni sancionados, normaliza que los profesionales de la salud violen el secreto
profesional y atormenten física y psicológicamente a las mujeres durante
el tratamiento médico con la finalidad de obtener una confesión para
realizar una denuncia policial o simplemente para castigar. Así se refuerza
la legitimidad de la tortura sobre los cuerpos femeninos que disienten con
el mandato patriarcal de la maternidad, y se soslaya su prohibición tanto
como la existencia de los derechos humanos de las abortantes.
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