El derecho a la salud y al aborto. El punto ciego

Abstract

En nuestro país existe consenso respecto a la ilegitimidad y sanción que merecen la tortura y los tratos inhumanos, crueles y degradantes, reflejada en el tipo penal de apremios ilegales. Sin embargo, cuando estas acciones son realizadas por miembros de equipos de servicios de salud en relación con las mujeres que abortan y llegan a solicitar ayuda frente a las complicaciones que provoca la clandestinidad de la práctica, la violencia en la cual el Estado incurre es completamente invisibilizada. La penalización del aborto, la interpretación de una regla procesal que estipula la obligación de los funcionarios públicos de denunciar los delitos que conocieran en ejercicio de sus funciones, y el hecho de que estos actos lleguen a la justicia como parte de los expedientes de aborto propio sin ser investigados ni sancionados, normaliza que los profesionales de la salud violen el secreto profesional y atormenten física y psicológicamente a las mujeres durante el tratamiento médico con la finalidad de obtener una confesión para realizar una denuncia policial o simplemente para castigar. Así se refuerza la legitimidad de la tortura sobre los cuerpos femeninos que disienten con el mandato patriarcal de la maternidad, y se soslaya su prohibición tanto como la existencia de los derechos humanos de las abortantes.