Guía legal sobre el aborto en Hidalgo. Responsabilidades para el personal de salud

Abstract

El acceso a un aborto legal, seguro y gratuito ha sido reconocido en diferentes tratados internacionales —de los que México forma parte— como un medio indispensable para el ejercicio y garantía de los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, reconocidos y protegidos por la Constitución Política. Así ha sido señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver diferentes asuntos relacionados con el acceso al aborto, y es el criterio que debería ser observado por las diferentes autoridades en el país. Incluye Compendio de disposiciones aplicables en materia de aborto. Sin embargo, el marco legal en materia de aborto en México sigue siendo complejo y puede generar confusión, pues es un asunto que suele regularse tanto en el derecho penal como en la normatividad sanitaria, además de contemplarse en la legislación destinada a la atención de víctimas de un delito y/o de violaciones a derechos humanos. Es decir, en determinados contextos o bajo ciertas circunstancias, la ley puede considerar el aborto como un delito, como un servicio básico de salud —por ejemplo, para preservar la vida o la salud de la persona embarazada— y también como un servicio médico de emergencia que se presta a las víctimas de violencia sexual. Para añadirle complejidad, el aborto está contemplado tanto en la legislación nacional —aplicable en todo el país, en sus tres órdenes de gobierno— como en la normatividad estatal de cada una de las entidades federativas. El caso del estado de Hidalgo, la legislación en todo el país ha comenzado a ser reformada, para ampliar el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito, de manera tal que las mujeres embarazadas o personas gestantes puedan decidir si desean continuar con su embarazo o, por el contrario, si desean interrumpirlo, y el Estado debe garantizar las mejores condiciones para cualquiera que sea la decisión que tome.