Monitoreo de la salud reproductiva durante la pandemia por COVID-19 en Latinoamérica. Informe Bolivia.

Abstract

Ante el brote de Coronavirus (Covid-19) el Estado Plurinacional de Bolivia declara Situación de Emergencia Nacional en el territorio nacional mediante Decreto Supremo 4179 el 12 de marzo de 2020. De manera complementaria se emitieron una serie de disposiciones administrativas para modificaciones presupuestarias, contratación de personal, eliminación de aranceles de importación de insumos, medicamentos, dispositivos médicos y equipamiento, para la atención del COVID-19, ninguna de ellas vinculadas a garantizar los servicios de salud sexual y salud reproductiva. Igualmente, los servicios de salud se vieron afectados por la crisis política que atravesó el país, como resultado de un proceso electoral presidencial, en octubre del 2019, que desembocó en la renuncia del presidente del Estado boliviano y la conformación de un gobierno de transición con el mandato único de llamar a elecciones. Con la finalidad de obtener información acerca de los servicios de salud sexual y reproductiva efectuaron treinta y uno solicitudes de información oficial al Sistema de Salud Público a través del Ministerio de Salud, así como a cada uno de los SEDES de los nueve departamentos que tiene Bolivia, sobre indicadores, presupuestos, obstáculos y buenas prácticas. También se solicitó información a otras instancias públicas como la Fiscalía General del Estado sobre los niveles de violencia sexual registrados durante la pandemia. Sin embargo, se cuenta únicamente con datos parciales reportados por los departamentos de Tarija, Potosí, Beni, Chuquisaca, Oruro y La Paz. No obstante, se pudo acceder a la base de datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) del Ministerio de Salud a fin de reportar datos estadísticos oficiales. Paralelamente, se realizó una recolección de datos vía páginas web (Facebook, Twitter) institucionales y noticias de prensa. También se efectuó un total de veinticinco entrevistas a servidoras/res públicos del sistema de salud, personeros de instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y activistas en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos.