Monitoreo de Políticas de Salud Reproductiva en el marco de las respuestas al brote de Covid-19 y acciones de incidencia a nivel nacional para fortalecer el acceso a los servicios esenciales de Salud Reproductiva a nivel nacional. Informe Nacional/Uruguay. 2020.

Abstract

Las elecciones nacionales del 2019 en Uruguay arrojaron un resultado desfavorable para la agenda feminista. Las nuevas autoridades, que asumieron el 1º de marzo de 2020, han manifestado públicamente que serán un gobierno “pro-vida y defensor de los derechos de los no nacidos” y que impulsaran modificaciones normativas para agilizar los procesos de adopción para que sea una alternativa para las mujeres que no quieren ser madres. Sectores católicos conservadores tienen fuerte representación en el Poder Ejecutivo y han aumentado su presencia en el legislativo, así como los sectores evangélicos neo pentecostales, lo que impone un tono conservador a las políticas gubernamentales. El crecimiento de las fuerzas antigénero y “pro-vida” en Uruguay se han visto fortalecidas a través de estrategias comunes que replican, inspiradas en grupos de otros países: oposición a las leyes que reconocen el aborto y obstaculizan su implementación (y también estar en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo/género y de la identidad y los derechos de las personas trans). Campañas en contra de lo que ellos denominan “ideología de género” y acciones de desprestigio de las organizaciones feministas o de la diversidad sexual (Abracinskas, Puyol, Iglesias y Kreher, 2019). El gobierno de Uruguay en teoría reconoce que la salud sexual y reproductiva es esencial y urgente y que no debería ser relegada a un segundo plano en el marco de la emergencia sanitaria, ya que el propio gobierno hizo el comunicado interno y firmó la declaración conjunta con otros países reconociendo la importancia de la SSR, como citamos anteriormente, pero en la práctica las políticas públicas cuanto al género no cubrieron todos los aspectos de la SSR. El foco se ha puesto en la violencia de género (sin considerar la violencia sexual) y en embarazo, parto y puerperio, así como hubo muchos problemas para que las mujeres accedieran a sus derechos, la información se obtuvo en las búsquedas realizadas en periódicos y sitios oficiales de la web, por entrevistas con profesionales de salud y por los informes que Unidades Ejecutoras de la ASSE que les fue enviada. Entre las dificultades que las mujeres encontraron destacan: dificultad de acceder a ecografías y otros exámenes, cambios de horarios de atención en los servicios sin que las usuarias fueran informadas, impedimento de haber acompañante en las consultas, en exámenes y hasta en el parto. Si bien se implementaron servicios de telemedicina, en algunas localidades solo había un teléfono fijo y funcionarios tuvieron que recurrir a sus propios equipos, poca o ninguna información se difundió a las usuarias sobre las consultas virtuales y sobre servicios que supuestamente funcionaban presencialmente (como IVE), y otros. Hubo también denuncias hechas directamente a MYSU respecto a demoras indebidas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Hospital Policial. Es decir, del discurso del gobierno nacional del Uruguay no se derivaron políticas y prácticas que garantizasen que las mujeres pudieron gozar de sus derechos humanos en el área de la Salud Sexual y Reproductiva