Decidir abortar entre la criminalización y el ejercicio de un derecho

Abstract

A partir de la identificación de los vacíos de información y con la ayuda de diversas herramientas para el acceso a la información pública se desarrolló una metodología para obtener datos que permitan un mayor acercamiento tanto al tema de la criminalización como a la disponibilidad de servicios que busca evaluar el cumplimiento de las obligaciones del Estado ya descritas sobre el ejercicio del derecho a decidir. Con este objetivo se desarrollaron dos instrumentos que en esta primera etapa de investigación se presentaron en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Veracruz. El primer instrumento se denomina Identificador de procesos de criminalización y consta de un conjunto de preguntas dirigidas a la Fiscalía, la Defensoría y al Tribunal Superior de Justicia, todos del ámbito estatal, se solicitó información específica sobre las investigaciones, del número de expedientes, medidas cautelares o sentencias contra mujeres y otras personas con capacidad de gestar, sobre aborto voluntario (autoprocurado o consentido). En el caso de homicidio se solicitó información de la investigaciones, medidas cautelares o sentencias contra mujeres y otras personas con capacidad de gestar en aquellos procesos en los que los hechos ocurrieron dentro de las 48 horas posteriores al nacimiento del sujeto pasivo del delito. El segundo instrumento denominado Evaluación de la garantía del derecho a decidir consistió en un conjunto de 27 preguntas que involucraron a la Fiscalía, Defensoría Pública, Poder Judicial y Secretaría de Salud, todas del ámbito estatal. Se solicitó información cualitativa sobre las acciones que desde cada institución se han realizado para que su personal conozca y aplique los estándares del derecho a decidir de acuerdo con la sentencia 148/2017. También se incluyeron reactivos relacionados con el cumplimiento del deber de no criminalización; en el caso de la Secretaría de Salud se pidió describir las rutas de atención para mujeres y otras personas con capacidad de gestar que solicitan el servicio de aborto voluntario (autoprocurado o consentido)