El derecho de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y los deberes de los servidores públicos

Abstract

El presente artículo pretende analizar el deber que tienen los servidores estatales en el Perú, tales como operadores de justicia, servidores públicos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y del Ministerio de Salud (MINSA), de informar a niñas y adolescentes embarazadas producto de una agresión sexual, sobre el derecho que tienen de acceder a una interrupción legal del embarazo.En el Perú, desde 1924, el aborto terapéutico es no punible cuando se practica frente al riesgo de morir o quedar con un daño permanente a la salud de la gestante. Desde el 2014, está vigente un protocolo que regula los procesos administrativos y asistenciales que deben darse para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo menor a 22 semanas y contempla entre otras, la causal 11 que debe aplicarse cuando el embarazo afecte permanente la salud física o mental de la gestante, por lo que las menores de edad embarazadas tendrían derecho a ser informadas de esta facultad que las asiste para tomar decisiones e interrumpirlo