Estrategias para negar derechos: lecciones sobre la participación de los grupos antiderechos en el debate por la legalización en Argentina

Abstract

En 2020, Argentina vivió un debate histórico en torno al derecho al aborto. El 1 de marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández anunció que enviaría un proyecto de ley de legalización del aborto en un plazo de diez días. Sin embargo, dos días después el Ministerio de Salud de la Nación comunicó el primer caso de COVID-19 en Argentina. Fue el 17 de noviembre de 2020 cuando se envió finalmente a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para despenalizar y legalizar el aborto durante las primeras 14 semanas de gestación. Paralelamente, el Poder Ejecutivo envió también un proyecto de ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (el llamado “Plan de los Mil Días”). De esta forma, Argentina inició nuevamente un debate legislativo sobre la legalización del aborto. En esta oportunidad, la discusión se dio de manera mucho más rápida que en la experiencia de 2018: el debate inició el primero de diciembre y finalizó con la sanción de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) el día 29 del mismo mes.Para lograr la sanción de la ley, fue fundamental la participación y visibilización política de los movimientos de mujeres y feministas y, especialmente, de la “ola verde” que se potenció tras el debate legislativo de 2018. Sin embargo, los grupos antiderechos, que se vieron fortalecidos por el rechazo del proyecto en 2018 con la formación de nuevas organizaciones, redes y articulaciones, dieron una batalla persistente para obstaculizar la sanción de la Ley y el acceso a este derecho.Para lograr la sanción de la ley, fue fundamental la participación y visibilización política de los movimientos de mujeres y feministas y, especialmente, de la “ola verde” que se potenció tras el debate legislativo de 2018. Sin embargo, los grupos antiderechos — que se vieron fortalecidos por el rechazo del proyecto en 2018 con la formación de nuevas organizaciones, redes y articulaciones –, dieron una batalla persistente para obstaculizar la sanción de la Ley y el acceso a este derecho