“Objeción de conciencia” en cifras. Datos de Uruguay al 2021

Abstract

Uruguay ya ha sido observado por dos comités internacionales de Derechos Humanos por su alta incidencia de objeción de conciencia, y exhortado a subsanar las barreras para el acceso derivadas de esta. Por omisión del Estado no siempre se garantiza que, en caso de que algún profesional médico alegue objeción de conciencia, otro profesional no objetor de conciencia se haga cargo del procedimiento, para que un derecho no se superponga o suprima al otro. El MSP respondió ante solicitud del Observatorio de MYSU con información sobre el porcentaje de ginecólogos que, por declararse objetores de conciencia, no realizan los procedimientos previstos en la ley de IVE. Se solicitaron datos de 2019 y 2020, sin embargo, en la respuesta recibida "Se informan los porcentajes de objetores de conciencia, discriminados por prestador de salud, correspondientes al 2019, según la información brindada por los referidos prestadores". Desde el Ministerio de Salud Pública no se sistematizaron los del último año, a pesar que cada institución proveedora del SNIS, por declaración jurada, debe elevar esta información anualmente a la autoridad sanitaria. De los 81 servicios sobre los que el Ministerio de Salud Pública ha reportado, no hay datos sobre ginecólogos objetores en 25 de ellos, 31% del total. De estos 25 servicios de aborto, 21 son de ASSE, o sea, públicos